La Justicia intimó a Manuel Adorni a justificar su patrimonio tras detectar un desfase millonario
En el marco de la investigación penal por presunto enriquecimiento ilícito, la fiscalía intimó a Manuel Adorni para que, en un plazo perentorio de 15 días, justifique el incremento patrimonial registrado tanto a título personal como a través de su cónyuge, Bettina Julieta Angeletti.
La medida alcanza al período comprendido entre el 14 de diciembre de 2023, fecha en la que asumió la función pública nacional, y el 27 de junio de 2026, día en que se concretó su renuncia al cargo.
La causa tuvo su origen en una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, a la que posteriormente se sumaron ampliaciones de los legisladores Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro. El expediente analiza las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales presentadas ante la Oficina Anticorrupción, que incluyen el ejercicio anual 2025 y las rectificaciones de los períodos 2023 y 2024, todas ingresadas el pasado 10 de junio.
Los números de la discordia: gastos por encima de los ingresos
Según los cálculos efectuados por la Justicia sobre la base de las acreditaciones oficiales, durante el período investigado el grupo familiar percibió un total de 35 haberes derivados del ejercicio del cargo público, sumados a los ingresos comprobados de Angeletti. Dicho monto totalizó $229.752.283,20.
Sin embargo, en ese mismo lapso, los desembolsos acreditados del matrimonio (que contemplan pagos de tarjetas de crédito, impuestos, servicios, expensas, seguros automotores, viajes y compra de electrodomésticos) ascendieron a $272.820.832,20. De este modo, la fiscalía detectó un desfase sin justificar en moneda nacional de $43.068.549.
Ante este escenario, la intimación judicial exige que el exfuncionario aclare la procedencia de esos fondos, así como también el origen de los dólares estadounidenses en efectivo declarados en el país dentro de las presentaciones patrimoniales bajo escrutinio. Asimismo, se le requirió acreditar la existencia, fecha cierta, entrega efectiva y evolución de las obligaciones derivadas de supuestos contratos de mutuo (préstamos privados) celebrados con dos familiares identificadas como Silvia Pais y Norma Zuccolo.
El peritaje técnico: criptomonedas y cruzamiento de datos
Para determinar la ecuación patrimonial consolidada, la fiscalía encomendó un exhaustivo informe a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Fiscales y Técnica Financiera (DAFI). El organismo técnico debió depurar operaciones para evitar duplicaciones (como transferencias internas y conversiones de divisas) y comparar las sucesivas declaraciones juradas rectificativas para medir las variaciones de activos y pasivos.
Uno de los puntos más complejos del análisis se centró en la operatoria con criptoactivos, ante la versión formulada por Adorni sobre una presunta inversión de US$200.000 en Bitcoin. La fiscalía ordenó relevar la información de plataformas, billeteras virtuales y cuentas para detallar depósitos, retiros, permutaciones y transferencias, y luego contrastarla con los antecedentes bancarios y fiscales del exjefe de Ministros. La complejidad de estos estudios sobre activos virtuales generó demoras en la entrega del dictamen pericial definitivo.
La causa paralela por el viaje en vuelo privado
Más allá de la pesquisa principal por enriquecimiento ilícito, Adorni enfrenta un segundo frente judicial tramitado en un expediente paralelo. Se trata de la causa que investiga el viaje que el exfuncionario realizó junto a su familia y el periodista Marcelo Grandio hacia Punta del Este durante el feriado de Carnaval, a bordo de una aeronave privada.
En esa causa, los investigadores buscan precisar quién financió los costos del traslado aéreo, la naturaleza del vínculo comercial o personal entre Adorni y el empresario allegado, y la existencia de eventuales contratos que este último hubiera mantenido con organismos del Estado, entre ellos la Televisión Pública.
Fuente: EsNota
